El estado no crea empleo, pero encima lo destruye

Las instituciones del Estado lejos de crear puestos de trabajo (excepto los de funcionario, que serían provistos por el mercado en los puestos que fueran necesarios, ya que no todos los funcionarios son necesarios para que funcionen correctamente los servicios públicos), los destruye. 

Desde cualquier instancia es mucho más fácil destruir empleo que generarlos. Podemos dedicarnos a cavar zanjas y taparlas con dinero de todos (Plan E), pero la sociedad no se beneficia de ello y el trabajo dura lo que dura el dinero. Por otro lado en cambio es mucho más difícil destruirlos, debido a una serie de características que hacen al estado intocable y pernicioso. El Estado crea una serie de impuestos y los recauda para dar unos servicios que supone la sociedad demanda y los ofrece según entiende (y suele entender mal). 

El Estado, sea autonómico, central o municipal es un contratista que como tal paga a unas empresas privadas por unos servicios. La cuestión es que pasa si un particular pide un servicio y no lo paga en la forma establecida? Pues que el empresario puede ejecutar acciones legales contra él, llegando al embargo. En cambio al ayuntamiento no se le puede embargar y si quisiera podría expropiarte a tí. 

En un caso claro vemos como proveedores de ayuntamientos se quejan del impago por parte de estos últimos por un valor de 33.000 millones. La pregunta es, ¿cuantos empleos se han podido destruir por el impago de los ayuntamientos y por tanto del Estado? Seguramente esos mismos ayuntamientos en cambio habrán cobrado el IBI y otros impuestos de manera puntual a muchos de estos empresarios.